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septiembre 25, 2021
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Política y vacuna

Política y vacuna

Cuando la política se acoge a postulados retrógrados o sectarios, su ejercicio suele hacerle jugadas infames a las realidades bajo las cuales opera. No es extraño entonces que la política trace sus prácticas en momentos donde las circunstancias se prestan a posibilitar cualquiera de sus maniobras. Sobre todo, aquellas cuyos beneficios amparan a quienes mejor saben evadir lo ofrecido.

Las realidades muchas veces actúan como cómplices de cuanta tramoya puede resultar en provecho de los más osados. Sobre todo, a la hora de arrinconar la honradez como valor de moralidad. Incluso, de excluir la tolerancia como razón de pluralismo político.

Valen estas consideraciones para referir el problema que, desde la política, se ha manifestado respecto de la vacuna contra el Covid-19. Más cuando alrededor de tan contrariada situación ,se reúnen la urgencia y la prioridad como criterios de eficacia.

En el curso de los últimos tiempos, han surgido dos orientaciones ejecutivas nacionales. Una estructurada desde Miraflores. La otra, desde la legítima Asamblea Nacional. Las mismas, encausadas por prerrogativas que se arroga cada postura o instancia presidencial. Indistintamente que alguna se considere con mayor o menor potestad para negociar la adquisición de las vacunas que deberán administrarse y aplicarse a la población venezolana, Es así como el problema ha acentuado la obstinación propia que adopta el poder político para respaldar sus posiciones y decisiones.

La negociación a la que corresponde dicha situación, compromete condiciones que, supuestamente, son representativas de distintas y contrarias consideraciones. Estas, en términos de sus postulados o intenciones, podrían convertirse en razones capaces de aventajar los espacios políticos que tenderían a favorecer cada actor político o pujador. He ahí el dilema que se transformó en un serio conflicto de intereses políticos.

La decisión tomada por la Comisión Delegada de la auténtica Asamblea Nacional, permitirá al país acceder a un suficiente número de vacunas durante 2021. Su distribución y ejecución estaría supervisada por organismos humanitarios internacionales.

Por su parte, la decisión tomada por el régimen desde Miraflores, apunta en otra dirección. La orientación que presume reivindicar, es muy alejada de la asumida por la legítima Asamblea Nacional. Por tanto, motiva una reacción que pone de manifiesto una delicada contradicción cuyo grado de incongruencia pone de bulto una crisis que determinaría el riesgoso enfrentamiento de las dos instancias políticas.

Ante tan obeso proceso, PROVEA señala que “Venezuela necesitaría unos 10 años para estar vacunada toda su población”.

Algunas lecturas politológicas

Este problema, no deja de tener varias lecturas. Quizás, la que con más fuerza puede dar cuenta de lo que en el fondo está represado, es de naturaleza eminentemente política. Indudablemente. Y es que la doctrina política que tiene subyugado al régimen, la mantiene atada entre las limitaciones que condicionan su comportamiento autoritario-hegemónico. La aludida situación tiene en ascuas a Venezuela, Tal nivel ha sido el caos, que permitió la usurpación que acompasó la impunidad de la cual se valió la corrupción para arrasar con la institucionalización en algo alcanzada con el aporte de la pauta democrática.

En un principio, el régimen había prometido que en el tiempo más inmediato posible, se vacunarían a 10 millones de venezolanos. Así se hizo saber, luego haberse firmado un contrato con Rusia para la adquisición de las dosis necesarias contra el Covid-19 (29-D-2020) Pero no ha sido así.

La arrogancia mostrada por la actitud de dirigentes del régimen, ha trabado el ingreso de vacunas necesarias para cubrir las tres cuartas partes de la población venezolana que estaría faltando. No obstante, el régimen alteró impúdicamente su compromiso.

Pero como en política sucede casi siempre que entre lo que se promete y lo que se hace, se establece una brecha de incalculables perjuicios. Y visto el referido problema, se ve afectada la casi totalidad de la población. De sus consecuencias, no escapa nadie.

Implicaciones jurídico-legales

Lo que está advirtiéndose en el fondo de tan grosera situación, es la gruesa desigualdad que está induciéndose. Esta vez, a través del acceso y distribución de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, este problema supera en horror y desidia cualquier avistamiento hecho desde la incertidumbre. Más, cuando no se cuenta con la autonomía necesaria para revertir las insuficiencias que plantea la SALUD, como derecho social fundamental consagrado constitucionalmente. (Véase el artículo constitucional 83).

Tal es la gravedad que reviste la situación en cuestión, que se habla de que el cuadro que se vive en el país encuadra con el delito de exterminio. Según el Estatuto de Roma, explica que el exterminio impone condiciones de vida, entre las cuales reconoce la “(…) privación del acceso a alimentos o medicinas (…)” (Art. 7.1-b) lo cual provoca desgracias en la población afectada.

Respecto de lo que expone el artículo 83 constitucional, su lectura contemplada desde la emergencia humanitaria acusada por la pandemia del Covid-19, da cuenta que Venezuela carece de la autodeterminación, independencia y soberanía que refieren algunos preceptos constitucionales. Por consiguiente, la crisis evidencia la ausencia de un SISTEMA PÚBLICO de SALUD, preparado para priorizar la salud al atender “(…)la prevención de las enfermedades garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad” (Artículo constitucional 84)

Por otra parte, vale agregar que las flaquezas del régimen develaron la inexistencia de un cierto Plan Nacional de Vacunación que pudo haber sido el parangón capaz de mediar entre los problemas recurrentes, y los recursos necesarios para encarar problemas sanitarios de amplio espectro. Pero más pudo el proselitismo político que practica el régimen en su acontecer de conflictos creados o provocados, que los derechos y libertades sobre los cuales se posibilita el desarrollo de una nación con necesidades de crecimiento y progreso.

El problema en el paroxismo de su incidencia

Resulta inadmisible que en medio de las carencias que han sido testigo de la pésima administración de recursos dirigidos a atender las exigencias de la pandemia, el régimen prefirió vacunar primeramente la élite usurpadora. O sea, los altos mandos de dirección política, militar, policial y sanitaria. Así se hizo por encima de sectores vulnerables. Del personal de sectores de salud y educación, que ocupan las primeras líneas de riesgo. Dicha realidad, por demás absurda y obtusa, evidencia la falta de una política pública debidamente estructurada a ese respecto.

Podría inferirse que la vacuna destapó una pervertida oportunidad de hacer pingües negocios políticos y económicos con su distribución y aplicación. Ante de considerarse como el derecho fundamental que su importancia y necesidad configura. O acaso, ¿Venezuela está aproximándose a vivir una situación regida por un perverso tráfico de vacunas y costosos pasaportes de vacunación?

De ahí se amarra la obstrucción que políticamente ha dejado verse cuando se habla de la trama articulada para el dificultar ingreso de la vacuna. Muy a pesar de la adquisición de 12 millones de dosis, aunque en ciernes, sancionada por la genuina Asamblea Nacional.

O ¿acaso hay intereses ocultos en entorpecer el fluido ingreso de la vacuna para así dilatar la cuarentena en tanto control social que le ha dado orondos resultados al régimen al mantener encerrada a su población? ¿O al régimen le conviene agravar la crisis para seguir inculpando a cuantos pueda? Y en consecuencia, ¿suplicar por el cese de las sanciones lo que impide el desarrollo de sus macabros programas de estancamiento nacional?

Es un tanto lo que se esconde bajo la encubierta, y complicada relación que en Venezuela, extrañamente, viene cuajándose entre política y vacuna.

antoniomonagas@gmail.com

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