La responsabilidad moral ciudadana

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ISABEL PEREIRA PIZANI

Durante las semanas, días y horas que hemos dedicado a construir un camino para materializar la consulta popular como una vía de participación democrática y pacífica pautada por la Constitución de 1999, hemos topado con un mundo en convulsión, un choque entre la esperanza y su contrario, angustias, miedo y desencantos, pero también con la fuerza inamovible de los que practican como doctrina aquel dicho de Yogi Berra y los beisboleros: “El juego no acaba hasta que termina”.

El saldo más importante que podemos relevar a estas alturas es el reconocimiento de no haber encontrado  ningún argumento de peso que justifique dar la espalda a la participación en la consulta.

Podemos enumerar muchas inquietudes planteadas, pero estas han sido las más frecuentes y las respuestas que hemos ofrecido a los ciudadanos:

P. “La consulta no es vinculante, no tiene efecto práctico, ni dentro ni fuera del territorio nacional. No hay autoridad que la haga cumplir, ya que el gobierno interino no tiene el poder para lograrlo y evidentemente quien tiene el poder que es el régimen no lo va a hacer. En el exterior tampoco es vinculante, pues la voluntad de los venezolanos no es un mandato para otro Estado. La comunidad internacional no puede estar obligada a acatar lo decidido, por lo tanto, es incoherente la solicitud”.

R. La consulta como expresión de la voluntad popular es vinculante, Artículo 70 de la Constitución. Ha sido propuesta por la sociedad civil, respaldada por el gobierno interino y la legitima Asamblea Nacional reconocida por 60 países y organismos internacionales. El cumplimiento u obediencia del resultado de la Consulta expresa la voluntad del pueblo y se transforma en mandato para el gobierno de turno. Sabemos que el régimen venezolano es violador permanente de la Constitución. Acatar la voluntad popular sería una prerrogativa en manos de déspotas quienes obviamente se negarán de plano. La consulta es parte de una lucha de mayor alcance, sus resultados, a pesar de los impedimentos, es una poderosa arma política que evidencia el carácter despótico del régimen. La Consulta da carácter legítimo a la respuesta de ayuda internacional haciéndola exigible ante la comunidad internacional. En cuyos principios fundacionales está. velar por la vigencia de la democracia en el continente y el respeto a los derechos humanos, evidentemente conculcados en Venezuela. Un régimen que niegue el resultado de la consulta popular simplemente se ubicaría en estado de desacato de la voluntad popular, el fundamento de la democracia.

P. “La consulta es políticamente desacertada, ya que se realiza en un contexto de desmovilización de la sociedad. Las protestas que se realizan en este momento son generadas por las necesidades del venezolano y no por posiciones políticas”.

R. Uno de los grandes objetivos es precisamente movilizar a la población más allá de la protesta por las necesidades básicas, promover la participación como mejor antídoto frente a la inmovilización y la infructuosa espera de la aparición de un cisne negro o una solución llovida del cielo. Si no va a ocurrir una intervención extranjera, ni habrá acuerdos para negociar, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, la mejor ruta es manifestar una voluntad masiva de cambio y convertirla en una arma poderosa para enfrentar el régimen que pretende mantenerse en el poder ad infinitum.

La consulta puede ser fallida si decidimos que así lo sea, es cómodo abstenerse, no es una ley divina la que predice que será fallida, son los ciudadanos y sus organizaciones, los partidos políticos, los venezolanos dentro y fuera del país quienes pueden decidir su verdadero éxito. Nada más fallido que quedarse esperando sin hacer nada. No hay propuestas alternativas.

P. “Carece de sentido, pues todo lo que se consulta ya fue hecho el 16J”.

R. El 16J no existía gobierno interino, ni respaldo internacional. La crisis no había alcanzado los extremos en que se encuentra. La diáspora no tenía las dimensiones de hoy. Tampoco el gobierno de Maduro había alcanzado los niveles de rechazo interno y externo actuales. Son dos circunstancias distintas, reconociendo de paso que la experiencia del 16J es lo que permite realizar la consulta en plazo breve, la experiencia, estructura organizacional y aprendizaje político que generó están muy vigentes hoy en día dentro de Venezuela y en el mundo entero. Lo que se solicita es la protección a los derechos humanos, nada más constitucional que eso”.

En el plano político es innegable reconocer que el régimen persiste en su intención de reforzar la concentración del poder político realizando elecciones cuyos pretendidos resultados le permita cerrar el círculo totalitario de control y subordinación de las fuerzas armadas y de todas las instituciones judicial, legislativa y ejecutiva. Una estrategia política desentendida totalmente de la magnitud de la crisis económica, social y política que somete a la población a la miseria y al desamparo.

En estas circunstancias es imprescindible realizar balances, desechar los caminos o soluciones sin ninguna posibilidad de materialización. Aceptar que una intervención militar extranjera, la realización de cualquier tipo de negociación con el régimen o la participación en elecciones intencionalmente viciadas, rechazadas por el mundo entero, son prácticamente nulas. Concretar alguna de estas opciones hoy resulta prácticamente imposible. En primer lugar, no existe entre los países y organizaciones aliadas intención alguna de emprender el camino militar; segundo, los intereses del régimen van por un camino opuesto. Su decisión suicida es reforzar el control político y social a cualquier costo y reprimir toda resistencia al poder dictatorial. No hay muestras de querer establecer algún tipo de acuerdo con los sectores opositores que signifique compartir o abandonar el poder. Esta última propuesta durante estos años ha ejercido un efecto divisionista en el seno de la oposición política.

Hoy, surge como alternativa concreta e inmediata la realización de una consulta popular alentada por la sociedad civil, en ejercicio de un derecho constitucional, democrático y pacífico que respalda la legitimidad del gobierno de transición, dificulta el reforzamiento del proyecto totalitario y contribuya a allanar el camino para alcanzar una estrategia compartida entre los sectores de la oposición. No representa una solución definitiva, pero es un camino legítimo para la reactivación de la lucha por el cambio político.

Es sensato considerar que la participación en la consulta popular trasciende su carácter de acto voluntario personal, dada la magnitud de la crisis y la orfandad de la gente, adquiere el carácter de responsabilidad moral de los ciudadanos con su país y su gente. No existe ningún argumento de peso que justifique la no participación ciudadana, es una alternativa muy lejos de ser inocua en la búsqueda de la cohesión interna de los factores de la oposición y una poderosa evidencia ante el mundo de la voluntad ciudadana en su lucha por el cambio político. Como declara un ciudadano a través de los medios sociales: “Lo único seguro es que si no participo en la consulta amaneceré al siguiente día con un gigantesco cargo de conciencia”.